Opinión

La defensa de la vida, los territorios y la paz, sigue muriendo. La reorganización paramilitar en el territorio nacional está acabando con ella y lo que con esperanza se esperaba al inicio de este Gobierno, hoy, a causa de su falta de celeridad, diligencia y claridad en las políticas de seguridad, se vuelve a tornar en un mar de frustración e incertidumbre para los líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos —DDHH— y firmantes del acuerdo de paz.

Según denuncias públicas hechas por el Coordinador Nacional Agrario —CNA—, entre los días 18 y 21 de abril, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia ha venido realizando avanzadas militares en las zonas rurales de Arenales y Morales, sur de Bolívar, hechos que ya registran la cifra de al menos tres personas asesinadas, quienes eran pobladores y líderes comunitarios de sus territorios, la realización de algunos secuestros por parte de este grupo paramilitar y el desplazamiento forzado de varias familias del corregimiento de Micohaumado, zona rural del sur de Bolívar.

Además, de acuerdo con este mismo colectivo, la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, de las Fuerzas Militares, tiene fuerte presencia en las zonas afectadas por la avanzada paramilitar al sur de Bolívar, recibiendo a su vez graves señalamientos que los vinculan estrechamente con esta organización delincuencial. Los hechos anteriores, sin duda alguna, representaron para la población y movimientos sociales del territorio un cruel momento de incertidumbre y desesperanza, que terminó por reafirmarse tras el vil asesinato del líder social y campesino Narciso Beleño, en el municipio de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, suceso que termina de constituir la denuncia principal que hoy varios movimientos sociales y campesinos hacen al gobierno de Gustavo Petro: la avanzada paramilitar en contra de los movimientos sociales y campesinos está en marcha.

De acuerdo con datos entregados por la Defensoría del Pueblo a enero de 2024, la influencia del auto denominado Ejercito Gaitanista de Colombia —EGC— o Clan del Golfo, ha sufrido un aumento considerablemente preocupante, pasando de tener influencia y el dominio territorial de 253 municipios en 2022, a 395 en el año 2023. Este panorama no solo lo ubica en el primer lugar en cuanto a expansión y reparto territorial en conjunto con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional —ELN—, los tres grupos armados ilegales más grandes del país, sino que también ha tenido lamentables implicaciones.

De acuerdo con la Unidad Investigativa y de Acusación —UIA— de la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—, para el año 2023 el Clan del Golfo es el responsable de, al menos, 162 hechos violentos en 282 municipios, de los 395 en los que para entonces tenía influencia, cuestión que, para el vigente año, como vemos con la reciente situación en el sur del departamento de Bolívar, se ha venido acrecentando de la mano de un creciente número de hechos violentos en contra de los diferentes liderazgos políticos a lo largo del país.

Sin duda alguna, este actor paramilitar no es el único responsable de este tipo de sucesos repetitivos y totalmente condenables, de todo esto también son en parte responsables los demás actores armados, pero la falta de claridad en las políticas defensivas del Ministerio de Defensa y acciones oficiales del Gobierno en contra de este actor especifico, terminan configurando una suerte llena de incertidumbre, de la cual solo queda el fortalecimiento y posicionamiento del Ejercito Gaitanista de Colombia y una larga lista de violaciones de derechos a su paso. 

Es necesario que el Gobierno nacional, junto al Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Militares, definan acciones específicas, direccionadas a atacar la violación de derechos humanos y el asesinato de lideres y lideresas sociales, cifra que no ha dejado de ir en permanente aumento de la mano del exterminio sistemático de firmantes de paz. La noble apuesta de la paz total no puede seguir viéndose frustrada por el difícil panorama que tendría una ley de sometimiento para actores armados no políticos en el Congreso de la República ni por las tímidas acciones ofensivas del Ministerio de Defensa en contra de los mismos. Los movimientos sociales y campesinos, de la mano de los territorios que hoy sufren un episodio más de aquella interminable violencia colombiana, demandan soluciones integrales, para que una vez más su historia no sea la condena a la exclusión y el exterminio. 

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