Opinión

En Colombia la paz ha sido un tema discrecional. Desde Turbay hasta Santos la disposición a negociar la paz, o a establecer una política encaminada a fomentar su construcción, ha sido un asunto circunstancial, asumido por cada presidente. Esto ha provocado que algunos mandatarios, como Betancur, Gaviria, Pastrana o Santos hayan puesto como bandera de gobierno la paz; otros, por el contrario, como Turbay, Barco o Uribe, se han inclinado por la mano dura. De allí que se diga que la política de paz en Colombia se ha rediseñado al vaivén de las preferencias subjetivas e ideológicas; se rige por los gustos personales o, a lo sumo, por posturas partidistas.

Esta situación se ha convertido en un dolor de cabeza para los colombianos. La paz, que debería ser el bien supremo, anhelado y buscado de forma continua por todos, ha sido dejada en manos de una sola persona; y como sabemos, estos gobernantes de turno pueden verse tentados a colocar en un nivel inferior a este bien público preferencial. De esta forma, el no tener como país una postura firme y de larga duración frente a la paz ha provocado que ella se maneje con fines políticos y electorales. Cada cuatro años, desde hace varias décadas, el país se ha tenido que enfrentar, de manera incierta, a los gustos personales de los políticos.

Una manera de evidenciar la inestabilidad e incertidumbre que se vive frente a la paz es observando la producción normativa al respecto. Cada presidente ha recurrido al poder discrecional que tiene para crear decretos y para proponer leyes que favorezcan o desestimulen la paz. Turbay, por ejemplo, luego de los efectos nefastos que dejó su Estatuto de Seguridad Nacional, emitió una ley, la 37 de 1981 o ley de amnistía condicional, con la que buscó incentivar la dejación de armas; pero esta tuvo una corta vigencia de cuatro meses. Lo mismo pasó con Belisario, con las leyes 35 de 1982 y 49 de 1985, que sirvieron, igualmente, para proponer amnistías e indultos que tuvieron pocos efectos y desaparecieron rápidamente.

Son contadas las ocasiones en la historia política del país donde se ha intentado dar continuidad a una política de paz de un gobierno a otro. Uno de estos pocos casos ocurrió en los gobiernos de Barco y Gaviria, con la creación de organismos permanentes ocupados de la paz. El Decreto 2577 del 7 de agosto de 1986 creó la Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR); organismo que fue transformado posteriormente, durante el gobierno de Gaviria, por la Consejería para la Paz (Decreto 0053 del 13 de enero de 1991). Pero esta aparente continuidad se alternó con sus políticas de paz: en los tres primeros años del gobierno Barco, por ejemplo, se vetó la paz negociada y se habló de acciones en los territorios afectados por el conflicto; y durante el gobierno de Gaviria se pasó de una paz negociada al principio de su administración a una guerra integral que se libró desde 1993.

Una situación similar ocurrió durante el gobierno Samper. Allí, debido al cambio constitucional, a la presión social sobre la paz (Mandato Ciudadano por la Paz) y a la llegada de un gobierno proclive a negociar, se posibilitó la creación de la Ley 418 1997, donde se estableció una política para “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica” (título I, capítulo I); y de la Ley 434 de 1998 donde se crea el Consejo Nacional de paz. Con lo que se evidencia una apuesta de gran aliento por la paz negociada y el involucramiento de otros actores en la política de paz nacional.

Sin embargo, la primera ley (la 418 de 1997) una vez más insistió en dejar en manos de la Presidencia de la República la decisión exclusiva de iniciar los procesos de negociación y de establecer la política de paz (art. 10). Teniendo como consecuencia, nuevamente, la discrecionalidad de crear normas, en su mayoría, transitorias, de corta duración y de aplicación condicional, que a la fecha han creado una inestabilidad jurídica a la paz. Afortunadamente, hechos como los acontecidos recientemente, donde por disposición de la Corte Constitucional se le ha ordenado a los próximos tres gobiernos (12 años) acatar el cumplimiento del Acuerdo del Teatro Colón, evidencian un giro plausible en el país en materia de política de paz. Acciones como estas hay que continuarlas; es necesario inyectar mayor certidumbre a la paz en el país. Incentivar al Estado para que construya una política de paz permanente o al menos de larga duración.

La metáfora de Ulises y las Sirenas, tomada del libro XII de la Odisea de Homero, puede ilustrar muy bien esta recomendación. Recordemos: Ulises y su tripulación van a pasar por la isla de las sirenas; la información que se tiene es que toda persona que escuche el canto de las sirenas quedará irresistiblemente atraído y atrapado por ellas, teniendo como consecuencia la muerte. Para no verse tentados a estos cánticos Ulises y sus marineros deciden taparse los oídos con cera, y Ulises pide que sea atado al mástil. Solo así, de esta manera, lograrán sobrevivir y cumplir su misión. Con este gesto se reconoce la situación humana de su conciencia débil, que puede estar tentado a realizar acciones no deseadas y requieren atarse previamente al mástil para no tomar otra decisión.

Esta metáfora, como digo, ilustra muy bien la necesidad que tiene el país de atar a sus gobernantes al proyecto colectivo de la paz. Los presidentes y gobiernos deben ser contenidos externamente. Pues de forma similar a como ocurre a Ulises en la Odisea, ellos se ven tentados irresistiblemente a atender el canto de guerra de las sirenas. Esto es evidente, por ejemplo, en la actual contienda electoral: varios de los políticos aspirantes a la Presidencia, se muestran adversos a pactar la paz de forma política, y también a modificar lo acordado con las guerrillas. La tarea como sociedad es entonces avanzar en construir en Colombia una política de paz de Estado. Hay que realizar diseños y rediseños institucionales que permitan controlar el zigzagueante movimiento normativo imperante en el país y trabajar por una paz estable. En conclusión, es necesario atar al gobierno nacional a la paz, cualquiera sea la persona o el partido que llegue. Empresa que deben cumplir.

Nota

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