Opinión

El fracaso histórico del problema agrario que ha producido la prolongación de la violencia por más de cincuenta años, es resultado de la incapacidad para resolver el asunto de la injusta distribución de la tierra. Su consecuencia ha sido el desalojo violento del campesinado y la concentración de la propiedad en manos de grandes terratenientes y de narcotraficantes.

De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, con un índice Gini de 55,1, superado en América por Honduras y Guatemala. En el caso de la propiedad agraria la situación es grave, si se considera que el Gini de tierras es de 0,92. Así, dos tercios de quienes trabajan la tierra, son jornaleros sin tierra propia. “Del tercio del campesinado que posee tierra, el 60 % es informal y no permite acceso al crédito.

El 70 % de las fincas campesinas tiene menos de cinco hectáreas y ocupan en conjunto un 4,8 % de la tierra, mientras, en el otro extremo, el 0,4 % de los propietarios, con fincas mayores de 500 hectáreas, tienen el 41,1% de la tierra” (Reyes 2016).

Para los campesinos, el acuerdo de paz significó el inicio de la solución del problema agrario y la superación del desarraigo y del despojo. Ellos que vivieron la guerra como víctimas, ven en la paz una esperanza de transformación de sus vidas, de progreso para sus familias y de participación en la vida económica y política.

El Estado reconoció en la Ley de Víctimas la existencia del conflicto armado y su responsabilidad en la reparación que incluye la restitución de tierras. Reconoció también su responsabilidad por no haber evitado la violencia que los actores armados ejercieron sobre el campesinado. De aquí se derivó la necesidad de fortalecer institucionalmente al Estado para que pudiera garantizar los derechos sobre la tierra. Esto lo planteó mediante la Ley 1448 de 2011, que desarrolla el proceso de restitución de tierras, y del Decreto Ley 902 de 2017, por medio del cual se propone la implementación de la reforma rural integral en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización de la propiedad.

Pero estos poderosos instrumentos de realización de una reforma agraria integral están en vilo, como lo están otros componentes del acuerdo de paz, como consecuencia de la debilidad institucional del gobierno en esta segunda etapa de la construcción de la paz y por la oposición radical de la ultraderecha al proyecto de justicia distributiva y restitutiva contenido en el acuerdo.

Estamos asistiendo a una resistencia de las élites, que no aceptan el acuerdo ni el conjunto de normas que derivan de este porque no están dispuestas a ceder un ápice de sus inmensas riquezas y derechos, que conciben como poderes naturales que están por encima de la sociedad.

Hacer trizas los acuerdos es la expresión de la insubordinación de las élites contra una propuesta de contrato social que incluye a los campesinos, se proyecta a la juventud con educación y busca ponerle fin a la violencia.
 

Este texto fue publicado en el periódico El Colombiano el martes 7 de noviembre de 2017

Nota

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