Opinión

El país probará a partir del próximo primero de octubre y por 102 días lo que puede llamarse una paz política completa en Colombia. En 52 años que lleva el conflicto armado y en 25 de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional –ELN– es la primera vez que se logra llegar tan lejos en las negociaciones de paz con esta insurgencia.

El llamado Acuerdo de Quito, como se le ha decidido nombrar a este primer pacto firmado el 4 de septiembre entre ELN y Gobierno Nacional, sirve, además del importante compromiso de un cese bilateral y temporal del fuego y de hostilidades, para involucrar de manera directa en el proceso de paz con el ELN a una serie más amplia de actores y precisar tareas.

El Acuerdo es claro en nombrar los actores políticos y asignar responsabilidades. Al ELN se le obliga a suspender el fuego y parar las hostilidades. Actuaciones tan lesivas como los atentados a la infraestructura física y el saboteo a los oleoductos quedan paralizadas. Lo mismo a suspender la instalación de minas antipersonales, la retención involuntaria de ciudadanos y el reclutamiento de menores.

Al Gobierno, por su parte, se le da la responsabilidad de producir un sistema de alertas tempranas para prevenir atentados y asesinatos de líderes sociales y atender de manera rápida cualquier insidente de este tipo; además se le pide estar pendiente de la población carcelaria, en especial los presos políticos del ELN, con programas de salud y ayuda humanitaria; y a realizar un esfuerzo especial por defender el derecho político a la protesta social.

Se destaca en el Acuerdo un avance importante en la participación de la comunidad internacional en el proceso de paz. Aprovechando la presencia de la Organización de las Nacionas Unidas –ONU– en la implementación del Acuerdo Final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc– se le solicita a este actor que integre, junto a las partes sentadas en la Mesa y la Iglesia Católica, una Comisión de Verificación que supervise el cese el fuego y de hostilidades.

En este mismo sentido se observa el interés especial que tiene el ELN y el Gobierno de involucrar de manera directa a la Iglesia Católica. Este importante actor, hasta hace una década central en las negociaciones de paz, había estado al margen de las negociaciones con las Farc; pero ahora en el Acuerdo de Quito se le esta dando un papel protagonico, primero, en la Comisión de Verificación con los obispos y parroquias ubicadas en las zonas de conflicto, y luego, lo más seguro, avivando las discusiones de la agenda en todo el país.

Pero tal vez el mayor acierto del Acuerdo de Quito es la vinculación que se le quiere dar en el proceso a la sociedad civil. El contrato firmado obliga a las partes a dar inicio a un procedimiento de concertación y de consulta con la ciudadanía. El documento habla de realizar una serie de audiencias que se van a dar al comienzo del cuarto ciclo de negociaciones (23 de octubre). Estos espacios de participación servirán para que en la Mesa de Negociaciones se escuchen las opiniones de diferentes estamentos, y por fin se comience a avanzar en la discusión de temas sustanciales.

En sintesis, el cese al fuego y de hostilidades bilateral puede considerarse el primer gran logro en el proceso de paz con el ELN, pero el Acuerdo de Quito representa más: es la manera como las partes negociadoras estan tratando de involucrar a una variedad amplia de actores en el proceso. La estrategia es que el interés por defender el cese al fuego y de hostilidades haga que confluyan en el proceso de paz más actores, tal como lo desea el ELN y lo requiere las negociaciones.

Nota

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