Opinión

La justicia transicional busca asegurar al mismo tiempo la justicia y la paz. Sus oponentes afirman que en Colombia esta se centra en la paz y abandona la justicia. Pero es necesario insistir en que la justicia transicional debe ser comprendida como justicia, porque aunque surge en un determinado momento político de transición, tiene que resolver la difícil tarea de encontrar un punto de equilibrio entre quienes reclaman castigar de forma individualizada a los criminales y quienes exigen impunidad absoluta y pretenden que no haya ningún tipo de castigo.

El punto de equilibrio se concretó en una concepción de justicia que se plasma en el “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, que comprende: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición (Cevnr) y la Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas.

En la JEP se establece que los guerrilleros considerados no amnistiables, serán investigados por el Tribunal para la Paz, que les impondrá penas dependiendo del reconocimiento que cada uno haga de su responsabilidad. Para quien la reconozca habrá restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años, sin cárcel; quien haga un reconocimiento tardío de 5 a 8 años de cárcel; para quien no la reconozca, habrá sanciones ordinarias que consistirán en una pena privativa de la libertad (cárcel) de 15 a 20 años.

Ante esto, ¿cómo puede entenderse la crítica de los opositores a la JEP, la cual dice que en este mecanismo de justicia no hay penas efectivas y que todo esto no es más que una pura farsa?

Podemos suponer que los opositores pretenden replantear todo el proceso por la fuerza o por medio de una nueva negociación, en la cual busquen someter a las Farc bajo los términos de una concepción de justicia diferente a la transicional, -retributiva-, en la que se establezca que la justicia criminal y la responsabilidad individual son las únicas respuestas frente a la violencia masiva.

Pero hay razones técnicas y políticas que harían inviable este proyecto. El sistema judicial colombiano no tiene la capacidad de perseguir todos los delitos y castigar a todos los culpables. Se calcula que si 6.900 guerrilleros, más 5.500 militares se acogen a la JEP, sería imposible un juicio completo para cada individuo. De este modo, reaccionar frente a una criminalidad masiva con procesos penales masivos sería imposible. El sistema de justicia transicional es, entonces, ineludible. Probablemente hay que ajustarlo.

Sabemos que hay sectores políticos interesados en desprestigiar la JEP y, en general, el dispositivo del acuerdo de paz, argumentando que todo está construido en función de otorgar impunidad a las Farc. Estos sectores políticos tienen el derecho de criticar la JEP y los componentes del acuerdo, pero es inaceptable que recurran a falsedades, como las señaladas. El uso de la mentira en la política afecta la moralidad de la sociedad, destruye la conciencia ciudadana y mina la posibilidad de conseguir una sociedad pacificada y justa.

Nota

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