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Academia Sociedad

Trata de personas: delito que asecha a los migrantes

10/06/2020
Por: Carlos Alejandro Puerta - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

El Programa de Protección Internacional, adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional exigiendo al Estado Colombiano reforzar las medidas de prevención y atención de las víctimas de trata, así como la imposición de sanciones pertinentes a quienes cometan este ilícito; porque –entre muchas otras cosas- Colombia se ha quedado corta en materia de prevención de la trata, así como en la asistencia y la protección de sus víctimas. 

Imagen: Free-Photos en Pixabay 

En Colombia, lo concerniente a la trata de personas está principalmente consignado en la Ley 985 de 2005 y en el Decreto 1036 de 2016, mediante el cual se adoptó la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2016-2018. La adopción de una estrategia se hacía imperante a razón de la ola migratoria de ciudadanos venezolanos que llegaron a Colombia empujados por la crisis humanitaria de su país desde el 2015. 

La trata de personas ha sido catalogada como una forma de esclavitud contemporánea, una práctica que degrada al ser humano, convirtiéndolo en un objeto que se ofrece, se negocia y se trafica. Razón por la cual no debe ser considerada únicamente como un delito –que puede incurrir en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes-, sino como una violación directa de derechos humanos fundamentales, como la libertad, autonomía y dignidad de hombres y mujeres.

El Ministerio del Interior publicó en 2018 un informe del Observatorio Nacional de Trata de Personas en el que se habla precisamente de migración venezolana y trata de personas. El documento, asegura que los migrantes venezolanos tienen un riesgo bajo de ser víctimas de trata, atendiendo a que de aproximadamente alrededor de 500.000 migrantes venezolanos, se registraron cinco como víctimas del delito, lo que equivale a un 0,001% de la población migrante venezolana afectada por este delito. Una cifra oficial que omite completamente el asunto del subregistro, igual que omite las dificultades que estas personas tienen denunciar y acceder a la justicia. 

Según cifras reportadas por el Ministerio del Interior, entre 2013 y 2019, el número de casos de trata registrados al año pasó de ser 62 en 2013 a 113 en 2019, el total de casos reportados en este margen de tiempo es de 615, de los cuales 49 fueron de extranjeros víctimas de trata en Colombia. Entre otras cosas, también señalaron que las principales víctimas son las mujeres, con una proporción de 7 mujeres por cada hombre, que suelen ser blanco de redes de explotación sexual.

Le puede interesar: Por una atención digna a la población migrante

María Cecilia Ibañez es abogada de Women’s Link WorldWideU, una organización internacional sin ánimo de lucro que se enfoca en litigio estratégico para generar cambio social en los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Asegura que su trabajo le ha permitido entender que la trata de personas continúa siendo un fenómeno muy invisible en el país y que, aunque hay una regulación legal, aún hay muchos vacíos.
 
«Los problemas principales que hemos identificado es en relación con (1) la identificación de víctimas de trata; (2) la provisión de asistencia a víctimas de trata; y (3) las capacidades, tanto económicas como en cuando a recursos humanos, que tienen las autoridades territoriales para ayudar a las víctimas de trata. Nuestro trabajo actual se enfoca en ver cómo podemos contribuir a que este sistema de identificación y asistencia a víctimas de trata, sea mejor».

Los casos atendidos por la organización Women’s Link consisten en mujeres que son engañadas, bajo la promesa que van a llegar a Colombia a trabajar vendiendo alguna cosa, pero cuando llegan se encuentran con que lo que pretenden de ellas es que ejerzan la prostitución. Y que no encuentran respuesta en las instituciones porque, una vez logran escapar, una vez acuden a las autoridades no son identificadas como víctimas de trata, que llegaron al país por medio de engaños y que no tienen a nadie, y les niegan asistencia.

A partir del trabajo hecho por esta organización, el Programa de Protección Internacional, adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, presentó un amicus curiae ante la Corte Constitucional exigiendo al Estado Colombiano reforzar las medidas de prevención y atención de las víctimas de trata, así como la imposición de sanciones pertinentes a quienes cometan este ilícito; porque –entre muchas otras cosas- Colombia se ha quedado corta en materia de prevención de la trata, así como en la asistencia y la protección de sus víctimas. 

Para María Cecilia Ibañez, es importante que se vea la trata de personas desde dos perspectivas: la del delito y la de la violación de los derechos humanos «durante muchos años la trata sólo ha sido vista como un delito, y una repercusión grande de esto es que el marco legal y los esfuerzos de los Estados están enfocado es en la persecución penal de los tratantes, captores y demás implicados», destacó que si bien es importante, ha restado importancia a la atención de las víctimas y a la articulación de instituciones de los diversos países para prevenir la captación y desarticular las redes ya existentes.

La Revista Semana publicó los primeros meses del año un especial acerca de las redes de trata en la frontera con Venezuela, el escándalo suscitado por la revelación de una red de trata infantil en altos cargos del gobierno estadounidense –el tan mentado caso de Jeffrey Epstein-, esa entrevista en la que Fabio Zuleta – comediante- se mofó del gravísimo asunto de la trata de mujeres Wayú en La Guajira; son apenas puntas que refrescan la memoria. La esclavitud no se ha abolido, sigue  disfrazada de otra atrocidad, pero nosotros no la sufrimos, no la vemos, la ignoramos.  

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