Periódico Alma Máter

La movilización por la educación superior pública en los últimos meses no tiene parangón, no solo por lo logrado para la financiación del sector, sino por el valor político y simbólico de las luchas y el devenir de propuestas más profundas e integrales para la universidad pública. Los trazos marcados por este movimiento deben de verse como el inicio y no como el final del proceso.

La política contemporánea está llena de símbolos que representan los avatares de la sociedad en una coyuntura o particularidad concreta. Los símbolos, que ya no son los grandes metarrelatos y los discursos teóricos y epistémicos de la política, se surten más de acontecimientos, de hechos, de actos, que mueven emociones y capturan la esquiva subjetividad política individualista, propia de la economía del mercado que nos rodea.

Uno de los logros importantes del movimiento por la educación fue poner en el centro de la agenda pública la problemática y politizar a miles de jóvenes y sectores sociales, generando una defensa pública, una política de acción, una ciudadanía comprometida con el devenir de la educación superior. Los jóvenes están delineando la política de una forma diferente, más activa, más participativa, más creativa, más pacífica, construida en el ciberactivismo o la ciberpolítica.

En lo financiero y normativo se lograron suscribir tres documentos con el Gobierno nacional: el acta de los acuerdos, la creación por resolución ministerial de la Mesa de diálogo para la construcción de los acuerdos para la educación superior pública, y, por último, las garantías académicas, laborales y de movilización.

Los recursos nuevos conseguidos, producto de la negociación en la Mesa de diálogo, si bien no resuelven el problema estructural de la desfinanciación, son necesarios para apalancar el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Gracias al movimiento se lograron recursos por 5 billones 871 130 millones de pesos, discriminados como se ve en la tabla.

Como parte de los acuerdos, también quedó adelantarse, vía Plan de Desarrollo 2018-2022, un proyecto de ley que modifique los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para que la financiación de la educación superior pública sea una política de Estado y no solo de Gobierno. Así mismo, la modificación de la Ley 1911 de 2018.

Resumen de los acuerdos en cifras (billones)

Tabla: Elaboración del columnista.

Igualmente, se acordó un cambio estructural al Icetex, vía comisión sexta del Congreso, el concurso de diversos sectores y la Mesa nacional.

Otro logro significativo fue la devolución del derecho a la exención en la declaración de renta de los gastos de representación que teníamos los profesores y rectores antes de la reforma tributaria 1819 de 2016. Después de una lucha ardua en la Mesa y el Congreso, liderada por Asoprudea, se obtuvo la aprobación de una proposición en la Ley 1943 de diciembre de 2018, así: «Los gastos de representación de los rectores y profesores de las universidades públicas, los cuales no podrán exceder del cincuenta (50 %) de su salario»; al texto se le agregaron dos parágrafos para hacer más explícita la proposición y, de esta forma, recuperar el derecho.

El movimiento por la educación superior pública llenó las calles de color, canto, alegría, diversidades, y consiguió capturar la atención y la sensibilidad de la sociedad. El desafío es capitalizar los logros políticos, simbólicos y presupuestales, para potenciar el movimiento y alcanzar una educación gratuita, con calidad y permanencia. El referendo por la educación que se lanzará pronto es la ruta. Ojalá cuente con el concurso de todos.