Periódico Alma Máter

La forma pacífica, artística y creativa como se adelantó permitió que muchos sectores se sumaran a la iniciativa por la defensa de la educación superior pública, la cual, según la encuesta de CM& en Pregunta Yamid, mostró una aceptación del 96 %.

Pero las marchas y solicitudes no han redundado en respuestas claras del gobierno para llamar a una mesa intersectorial, que de manera amplia y conjunta busque salidas, no coyunturales ni de gobierno, sino de Estado.

Es decir, debe trazarse una política que brinde salidas estructurales y sostenibles a la crisis de la educación superior pública.

En contraste, el gobierno del presidente Duque anunció el 20 de octubre su programa central de la política educativa para las universidades llamada Generación E, una nueva versión de Ser pilo paga, que no resuelve el problema sino, por el contrario, lo profundiza, ya que orienta cuantiosos recursos públicos a las universidades privadas, y los estudiantes y familias deben pagar parte de la matrícula.

En cuanto a las universidades estatales, los ingresos por ese programa resultan exiguos por el bajo costo de las matrículas, y porque no se contempla el valor real de cada estudiante, a quien la educación superior pública, además de la formación académica, le cubre servicios de bienestar universitario, deportivos, recreativos y culturales. Por eso, hemos insistido que los recursos de Ser pilo paga, ahora Generación E, deben ir en su totalidad a las universidades públicas y hacer base presupuestal.

Y respecto de los 500 mil millones adicionados en el presupuesto general de la Nación, solo 55 mil millones hacen base presupuestal y deben repartirse entre 32 universidades. Y ni qué decir del incierto billón de pesos anunciado por regalías, pues el presidente queda atrapado en la voluntad política de las decisiones regionales y locales del Órgano Colegiado de Administración y Decisión —Ocad.

Clarificar estas cifras permite desentrañar lo que los medios quieren instalar en la mentalidad de la sociedad, esto es, que el gobierno está cumpliendo, cuando la crisis del sistema de educación superior público señala un déficit estructural de financiación que ronda los 18.2 billones, producto de unas normas ancladas, para una universidad de principios de los noventa.

El gobierno joven de Duque y su gabinete tiene en sus manos la oportunidad histórica de darle un giro estructural a la educación, con una gran alianza interpartidista, para poner a la educación en el lugar que se merece, como motor de desarrollo social, económico, cultural. Ahora que hablamos de posconflicto, la educación es sustancial y debe llegar a las regiones más apartadas, revertir los espacios de violencia y de falta de oportunidades en grandes proyectos sociales, en todos los rincones del país.

Debe entender el presidente Duque que mejor oportunidad no puede tener, ya que todos los sectores comparten esta loable misión; él tiene un plan de desarrollo en ciernes que puede ser bitácora para este propósito. Solo resta esperar que el joven presidente, que prometió en campaña política educación gratuita, esté a la altura de las circunstancias, o sea un bufón más.

Por nuestra parte, para crecer en la movilización y no caer en la estigmatización y atomización, se debe preservar el carácter amplio de esta iniciativa universitaria y ciudadana, más allá de los partidos políticos que buscan réditos para sus causas electorales.