Periódico Alma Máter

Dicho rankin destacó que la Universidad de Antioquia hubiese logrado «mejorar su posición en todos los indicadores» y la Nacional se hubiese «mantenido en los dos primeros lugares», después de la Universidad de los Andes.

Este posicionamiento es mucho más meritorio si se tiene en cuenta que las transferencias del nivel central, regional y municipal han venido decreciendo significativamente en las últimas décadas. De acuerdo con el vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, Ramón Javier Mesa Callejas, el departamento de Antioquia solo aporta el 3 % del presupuesto de la institución, la Nación el 30 % y el Municipio de Medellín el 0 % —aunque una parte considerable de los estudiantes de la Alma Máter provienen de la ciudad—. La Universidad debe autofinanciarse en un 55 %.

El disminuido aporte estatal, en el caso de la nación, se debe a la forma como la Ley 30 de 1992 calculó el crecimiento de las transferencias estatales, atadas al crecimiento del IPC, sin tener en cuenta que las necesidades presupuestales aumentan en una proporción mayor, y sin considerar las reformas legales y los programas que debilitan cada vez más a la universidad pública, como Ser pilo paga, que transfiere recursos públicos a la universidad privada, o la regresiva Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria).

Varios factores explican el retraimiento estatal de sus obligaciones con las universidades públicas, entre ellos el imaginario predominante desde finales del siglo xx, según el cual lo estatal es corrupto y anquilosado y el mercado eficiente y moderno. La universidad privada floreció durante las últimas tres décadas al igual que el mercado en la universidad pública, hasta el punto de que hoy entran más recursos por esa vía que por transferencias gubernamentales.

Y en cuanto a la ciudad, la Alcaldía de Medellín prefirió invertir los recursos de ciencia y tecnología en la constitución de entidades como Ruta N, creada para incentivar emprendimientos «innovadores» que benefician al sector privado, en vez de robustecer la primera casa de estudios de los antioqueños, que tiene más de 215 años de innovación en lo público. Mientras que el Municipio en 2013 le asignó a Ruta N 75 581 880 millones de pesos, de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, a la Universidad de Antioquia no le asignó ningún recurso específico.

Eso sí, instalaron Ruta N junto a la Universidad para aprovechar su capacidad y captar su potencial en investigación y catapultar el proyecto Distrito N, que está globalizando el barrio Sevilla con el consecuente desplazamiento de sus habitantes tradicionales.

La movilización universitaria y social de los últimos tres meses ha insistido mucho en la responsabilidad del Estado central frente a las universidades públicas. Hemos logrado visibilizar esta problemática haciendo que el gobierno ofrezca alternativas, pero poco se ha dicho de la necesidad que el municipio de Medellín mire a la primera universidad de la ciudad, y a una de las tres más importantes del país. Es el momento de hacerlo.