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Un problema: los derechos humanos

27/10/2020
Por: Adrián Restrepo Parra, profesor Instituto de Estudios Políticos UdeA

«... El gobierno no puede defender el Estado democrático avalando prácticas institucionales y culturales inscritas en la máxima “eso de los derechos humanos es un problema”....»

Una parte de los colombianos está representada en el actual gobierno. El presidente y el ministro de Defensa consideran a “las manzanas podridas” como parte de la normalidad de la institución, y además, tácitamente respaldan los excesos policiales. Tal parece que se sigue la máxima de un sector colombiano según la cual: “eso de los derechos humanos es un problema”. El gobierno no puede defender el Estado democrático avalando prácticas institucionales y culturales inscritas en la máxima “eso de los derechos humanos es un problema”.

De boca de distintas personas ha salido esa expresión. Campesinos, obreros, taxistas, familiares, militares, policías, etc., consideran literalmente que no puede haber seguridad ni justicia desde que empezaron esos tales derechos humanos, más o menos desde la Constitución de 1991. Para estas personas, los derechos humanos son un problema porque son el obstáculo para que la Ley (policía y ejército) acabe con los males: por ejemplo, los ladrones, los corruptos, los viciosos, entre un largo etcétera. 

Estas personas por lo general no abogan por legalizar la pena de muerte; solo exigen su aplicación. A sus ojos es tan evidente quién debe morir, que no es necesario perder tiempo en trámites legales, como esos del Estado de derecho. Por tanto, “dispare ahora y averigüe después”. Y no siempre se averigua.

Ese mismo sector de la población está convencido que eso de los derechos humanos deja sin poder de acción a la fuerza pública. Así, reconocer los derechos es visto como debilidad, porque el Estado evita la aplicación de la máxima pena: la pena de muerte. De allí la noción según la cual, a partir de esa debilidad, el crimen pelecha. Por eso lo mejor sería no respetar los derechos de los que no los respetan. 

Asimismo, creen que respetar los derechos humanos es una estupidez porque es darle ventaja a un enemigo inevitable: “a esos ladrones hay que matarlos porque ellos salen de la cárcel para seguir robando”, “a los guerrilleros y paramilitares hay que matarlos porque esa gente no cambia”, etc. Para este sector de colombianos, los derechos humanos no tienen carácter universal: son solo para “las personas de bien”, las que no resultan envueltas en problemas, especialmente en problemas con la Policía y el Ejército. 

Esas “personas de bien” tienen como rasgo principal no alterar el orden público y por lo mismo no alteran al gobierno. Son hijos bien criados, que obedecen ciegamente a sus padres, a los cuales no les ha temblado la mano para lograr una crianza con rectitud y valores de verdad (¿?). Para este sector, el irrespeto a la autoridad tiene fuertes castigos, incluido perder la vida. Porque, sobre todo, está el respeto a quien manda, así mande mal. Las personas de bien, son bien obedientes. 

El actual gobierno, al encarnar ese sector de “personas de bien” pone en riesgo el Estado democrático que está obligado constitucionalmente a representar. Acatar sin obedecer los fallos de las Cortes es un estilo que viene imponiendo Duque en materia de respetar los derechos de los ciudadanos a la protesta. 

Tanto al gobierno como al sector que encarna deben resultarles inauditas las directrices de las Cortes que esbozan como el ciudadano ejemplar de la Constitución la antítesis de “las personas de bien”. Un ciudadano con derecho a desobedecer, a demandar explicaciones de los funcionarios estatales, incluido gobierno y fuerza pública, con derecho a la protesta. Y debe irritarles más que, adicionalmente, en la eventualidad del uso de la violencia deben hacerlo ponderando la situación, especialmente si es una protesta ciudadana.

Contraste más fuerte para el gobierno y sus bases al ver en acción al ciudadano amparado por las Cortes, los que salen a las calles, muchos jóvenes con características de hippies, punkeros, malabaristas, estudiantes, peludos, trans, gay, tatuados, etc., toda una fauna ciudadana que estética y políticamente en acción quema la retina del gobierno de “las personas de bien” quienes, por lo general, los estigmatizan. 

Difícil consolidar una paz estable y duradera cuando el gobierno permite inferir de sus posturas que efectivamente existen casos donde eso de los derechos humanos es un problema para poder gobernar como quisieran. Las actuaciones del gobierno nos retornan a preguntas fundantes del Estado, por ejemplo, ¿en qué se diferencia el Estado —especialmente democrático— de una banda de ladrones? Al parecer para este gobierno la diferencia es solo cuestión de éxito, así que su único límite sería no perder el poder. 

Pero las formas del poder importan. Por eso, el gobierno no puede defender el Estado democrático a costa de la misma democracia, avalando prácticas institucionales y culturales inscritas en la máxima “eso de los derechos humanos es un problema”, porque esa máxima está en contra del carácter democrático contemporáneo orientado por uno de los aprendizajes sobre la democracia después de la segunda guerra mundial: no existe “solución final”, la pena de muerte no es una solución a los problemas, ni es una forma de gobierno admisible en una democracia. 

Este texto fue publicado en La Silla Vacía el martes 29 de septiembre de 2020


Nota

Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia.

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