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viernes, 22 de septiembre 2017
22/09/2017
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Los cimientos de una escuela de educación para la paz en Ituango

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Los cimientos de una escuela de educación para la paz en Ituango

La línea de investigación Ciudadanías, Culturas políticas y Subjetividades del grupo Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia hace parte del proyecto "Educadores rurales comunitarios: co-construcción de herramientas pedagógicas, políticas y de memoria. Los cimientos de una escuela de educación para la paz en Ituango". Financiado por la Vicerrectoría de Extensión y el Instituto de Estudios Políticos en alianza con la Asamblea Cívica La Paz es Ituanguina y el Semillero de Estudios Políticos Rurales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Código SIIU 2017-14766.

A continuación se presentan algunas reflexiones de participantes del proyecto:

 

Las expectativas con la paz

Por
Adrián Restrepo Parra
Profesor
Instituto de Estudios Políticos
Universidad de Antioquia

En Ituango la Asamblea Cívica por la Paz realizó un evento público  para conocer y difundir el estado actual de la implementación del Acuerdo de paz, especialmente porque en este territorio está una de las zonas de concentración guerrillera de las establecidas en Antioquia. Esta experiencia llama la atención por el interés manifiesto de la población afectada por el conflicto de participar en la construcción de paz territorialmente. Hacen parte de un sector de ciudadanos que vienen participando en eventos y jornadas nacionales de seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz.

Un certamen como este resulta, según los organizadores, importante porque propicia la participación de la sociedad civil en la transición. Perciben el Acuerdo como una oportunidad de democratización de la esfera pública fortaleciendo la misma sociedad civil, el desarrollo y la justicia en territorios históricamente invisibilizados, al margen del acceso a derechos. Participación enfática en la necesidad de comprender localmente el Acuerdo y dotar así de sentido la llamada paz territorial.

Las intervenciones de los asistentes al evento contribuyeron a plasmar la situación de la naciente implementación del Acuerdo y las expectativas de sus alcances. El estado naciente del proceso pasa por una zona de concentración de la guerrilla todavía inconclusa y por el incipiente aparataje institucional para ejecutar proyectos concretos en el marco de lo pactado. Este punto de partida, donde la prioridad por obvias razones son más las FARC que la población, contrasta con las expectativas de los representantes de la sociedad civil. Por ejemplo, algunos de ellos plantearon que el gran objetivo es que los campesinos tengan tierra y forma de hacerla productiva en términos de un desarrollo equitativo. Igualmente, el propósito de inclusión de la diversidad de voces y posiciones, la transformación del sistema electoral y el fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Estos propósitos vienen acompañados por la preocupación generada en la población porque consideran que la violencia está encontrando nuevas formas de subsistir y reconfigurarse con la presencia de actores dispuestos a disputarse el territorio, debilitando así las posibilidades de tranquilidad de la comunidad. En palabras de uno de los participantes: “hay una inquietud de toda la comunidad relacionada con la seguridad, de cómo se va a blindar al municipio para que con la salida de las FARC no surjan otro grupos o bandas e intenten tomar el territorio, y se forme otra clase de violencia que puede ser peor que la que estamos terminando”.

El nivel de las expectativas expuestas por el público fue motivo para que al respecto una asistente interviniera en estos términos “las expectativas con el proceso de paz están inflando las esperanzas de desarrollo y comprometiendo al Estado a hacer presencia en todos los rincones del país. Los ciudadanos esperamos que el Estado mediante el Acuerdo salde las deudas sociales acumuladas, lo cual puede ser perjudicial al proceso de paz mismo y al país porque lo sobredimensiona en expectativas y alcances que pueden verse frustradas”. Resultado de esa frustración sería dejar de percibir los logros cosechados por cuenta del Acuerdo, como la drástica disminución de las acciones violentas entre guerrilla y Estado con sus saldos de víctimas, entre ellas la población civil.

El Acuerdo de paz reconoce la injusticia social como uno de los motivantes de la guerra. Así, desarrollo y violencia política tienen vidas en común. Los problemas del desarrollo justificarían las acciones de la guerra. En el Acuerdo los puntos sobre desarrollo agrario y sustitución de cultivos ilícitos recogen esta perspectiva. La paz podría ser así entendida como renunciar a la guerra por bienestar, calidad de vida especialmente para los habitantes del campo, la mayoría víctima de la confrontación. Sin embargo, este cruce entre violencia política y desarrollo manifiesta sus retos a la hora de concretar su implementación en términos tangibles del Acuerdo de paz. Por ejemplo, en territorios empobrecidos como Ituango y otros de similares características en el país: ¿el Acuerdo de paz debería acabar con la pobreza? ¿El Acuerdo de paz debería ser el eje político de la política en el país y en los territorios? ¿La política y el desarrollo se reducen al Acuerdo de paz?

Las inquietudes y la discusión suscitada por el evento realizado por la Asamblea Cívica contribuyen a la construcción de paz porque permite que los ciudadanos debatan públicamente problemas como el desarrollo y la pobreza que afectan la vida de las poblaciones. Problemáticas que han sido negadas o desplazadas históricamente por la omnipresente presencia de la guerra en la agenda política y social de Colombia. Participación necesaria, más allá de la firma del Acuerdo, porque éste aspira a cerrar la confrontación militar, pero el conflicto político continúa por medios que se esperan sean diferentes a la violencia, como es la participación ciudadana.

 

Una reunión con líderes rurales ituanguinos…
Miles de aprendizajes de paz

Por:
Deicy Hurtado Galeano
Profesora
Instituto de Estudios Políticos
Universidad de Antioquia

El pasado 1º de julio sostuvimos una reunión  a la que asistieron habitantes y líderes veredales de Ituango (miembros de juntas de acción comunal, maestros de las escuelas rurales, participantes de las asociaciones de víctimas, de desplazados, de mujeres y de campesinos), y con ellos estuvieron también miembros de las FARC-EP asentados en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) de Santa Lucía (el equipo de pedagogía de paz, la integrante del mecanismo tripartito y el equipo de comunicaciones).

En esta reunión hablamos de los acuerdos de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, de víctimas y memoria, de tierras, territorio y conflictos agrarios, así como de participación social y política; muy especialmente se habló del papel que en esta coyuntura política tiene y tendrá la sociedad civil y las organizaciones sociales que la conforman, sobre todo en aquellos territorios en los que se han instalado las ZVTN, y que muy pronto mutarán a espacios de reintegración, en los que miembros de esta guerrilla y habitantes de los municipios podrán participar en procesos de formación y capacitación, así mismo podrán poner en interacción sus temores, sus experiencias y sus proyectos de vida.

                   
Pues bien, esta reunión ha sido uno de esos pocos espacios —tal vez el primero— en que habitantes de  veredas distintas a Santa Lucía y miembros de las FARC han podido jugar, hablar, escucharse, lamentarse, pero también ofrecerse argumentos y razones sobre lo que les está sucediendo como personas y como colectivos en esta fase de implementación de los acuerdos de paz. Si bien la llegada de los delegados de la ZVTN en camionetas, con esquemas de seguridad y cámaras generó una tensión inicial, tomar la vocería para presentarse, para decir de dónde vienen y, sobre todo, pedir autorización a los asistentes para registrar el evento, fue un acto de humildad que muy rápidamente les permitió reconocerse en esa identidad compartida: ser campesinos y sujetos con capacidades de liderazgo.

Una situación merece especial atención a quien escribe esta nota: algunos líderes veredales expresaron las dificultades que han experimentado este año para convocar a los habitantes de sus territorios a participar en reuniones y en sus tradicionales convites, pues como uno de ellos lo dijo: “[…] Es que cuando estaban las FARC todo el mundo asistía a estas actividades”. Ante expresiones como esta, lo más fácil tal vez sea decir: ¡vio, es que la guerrilla había copado y cooptado a las JAC! O si  nos paramos en otra orilla habrá quienes digan: ¡si ve que la guerrilla tenía base social y organizaba el trabajo solidario en el campo!

Quienes estamos interesados en promover procesos de pedagogía política para la paz no podemos conformarnos con ninguna de las dos posiciones arriba enunciadas, tal vez tengamos que hacernos algunas preguntas antes de aventurarnos a emitir juicios y sentencias que poco contribuyen al fortalecimiento de la comunidad política en estas localidades en transición a la paz. Aquí propongo algunas:

•    ¿Qué aprendizajes políticos dejaron instaladas las FARC en las organizaciones sociales existentes en los territorios ituanguinos donde tuvieron influencia por más de treinta años?
•    ¿Será que la desprotección en que hoy sienten los líderes y habitantes de las veredas les está obnubilando la mirada para reconocer sus propias capacidades de convocatoria, organización, articulación y acción en pro de resolver problemas comunes?
•    ¿Qué transformaciones de la cultura política deben experimentar los pobladores de las veredas, los corregimientos y del municipio para que hablar de los problemas comunes y trazar planes de acción para el futuro compartido se constituya en un hábito de los ituanguinos, sin que para ello tengan que apelar a mediaciones autoritarias?

Urge construir entre los ituanguinos una esfera pública local que, empezando por las veredas y los vecindarios, permita comprender que el poder no puede seguir basándose en la violencia, ni en las armas; sino que el poder está en las palabras que cada uno tiene para decirle a otros —¡Y vaya que si tienen palabras los ituanguinos!—, en la capacidad que cada uno tenga para oír al otro, para que sus posturas personales puedan ser interpeladas, para entender que en el ejercicio de escucharse mutuamente se pueden concertar acciones para el bien común, sin renunciar a sus diferencias, sin declinar la autonomía, sin perder la libertad. Ese es el sentido más básico de la política que nos enseñaron los filósofos y que hoy urge reconstruir entre los colombianos.

 

Concepciones ituanguinas de la paz: sentidos y sentires
contextualizados sobre el posconflicto

Por:
Diana Carolina Giraldo Giraldo
Socióloga
Investigadora asociada
Grupo Estudios Políticos
Instituto de Estudios Políticos

La palabra PAZ para los habitantes ituanguinos evoca cuestiones como: progreso, unión, igualdad, sueños, tranquilidad, educación, ciudadanía, garantías, equilibrio, respeto, confianza, incertidumbre y esperanza (Foro Hablemos de Transición, abril 29 de 2017). Se trata de una concepción que enmarca a la justicia y al bienestar como valores éticos y morales de la política en los territorios, por tanto, una noción que trasciende la implementación de los Acuerdos como mero cumplimiento de una firma entre partes para superar un estado de guerra, y plasma una aspiración democrática de la comunidad política local.

Actores locales organizados como la Asamblea Cívica la Paz es Ituanguina (ACPI) han planteado que la paz es una construcción colectiva comunitaria, un proyecto de cultura que relieva la autonomía de la sociedad civil, sus necesidades y garantías de reconocimiento. Desde su perspectiva, el territorio —sinónimo de tierra y campo—emerge como núcleo articulador de lo que significa hacer, sentir o practicar la paz; de esta manera su noción de paz suscribe una dimensión espacial ligada a las veredas y a los corregimientos, y una dimensión sociopolítica crítica que reclama el lugar, el derecho y las voces de los confinados, fundamentalmente de los campesinos.

     

Fuente: ACPI, relatoría Reunión ordinaria, enero 28 de 2017

Esa “paz rural” es visualizada por estas personas como defensa y acceso a derechos sociales, económicos y ambientales básicos, siendo la organización del campo y el agro el fundamento en el que sustentan su ciudadanía y su pertenencia. Reconocimiento de los rasgos culturales propios, respeto a la naturaleza, diversificación de los modos de producción, fortalecimiento de la comercialización, capacitación de los líderes comunales y creación de cooperativas, son algunas de las acciones que la comunidad visualiza para la materialización y la práctica de la paz (ACPI, 2017).

En los ejercicios descentralizados desarrollados en 2015 por la Asamblea en las veredas de Santa Rita, Santa Lucía, La Granja, El Aro y El Cedral, fueron esbozadas cuatro dimensiones en las que las comunidades desagregaron sus comprensiones y cosmovisiones sobre la paz: 1. Institucionalidad local para la implementación; 2. Espacios de participación ciudadana; 3. Implementación de programas de reintegración; 4. Reconstrucción del tejido social. En torno a la institucionalidad nombran “la presencia del Estado” con infraestructura para los derechos fundamentales en educación, salud, vías y servicios públicos; también hacen alusión a “la construcción de espacios y relaciones de confianza” con la administración municipal y con los actores gubernamentales; ligado a ello plantean que se requieren “herramientas de educación” para (re)conocer el rol del Estado por fuera de su función militar.

La participación ciudadana para la paz la visualizan a través de las Juntas de Acción Comunal, mismas que requieren “procesos formativos para recuperar su legitimidad, dinamismo y autonomía”, con fundamentos anclados en liderazgos críticos, colaborativos, articuladores y horizontales. La educación en acciones de control público como veedurías  a los proyectos desarrollados en las comunidades, a sus resultados y recursos invertidos, es otro elemento que ligan a sus nociones de paz.

Respecto a la reintegración visualizan el involucramiento de los excombatientes —varios de ellos familiares— a la vida civil de sus comunidades, con programas especiales que formen en “herramientas para reconocer a esta población en su dimensión ciudadana, resolver conflictos, manejar el autoritarismo y establecer normas de convivencia o consenso”. En lo correspondiente al tejido social conciben la paz como un escenario que reconstruye memorias de las heridas de la guerra, de las víctimas y los territorios despojados y que remienda solidaridades sociales censuradas.

“Ante el panorama de una comunidad que dejó de interesarse por cualquier cosa que no signifique un cheque, es necesario encaminar esfuerzos hacia recuperar el interés, hacia generar reconciliaciones con el espacio, con la vida, con los vecinos, es necesario pensar nuevas formas de habitar los espacios y el territorio, estas formas tienen que dar cuenta de la historia, tienen que dar cuenta de los usos y tienen que dar cuenta de los dolores” (Ejercicios Descentralizados, Corregimiento La Granja).

Algunas propuestas de paz nombradas por los ituanguinos tienen que ver con la creación de comités veredales de paz y convivencia, la reconstrucción de la memoria histórica de la guerra, con campañas de desestigmatización de la población o acciones de consulta previa y promoción de las veedurías, entre otras. Esta paz ituanguina expresa, pues, una noción multidimensional, articulada fundamentalmente en torno a la ruralidad, el reconocimiento sociocultural y el ejercicio democrático de lo político; una paz rural y política que se manifiesta como perspectiva de nación y postula agendas sociales que reparen las pobrezas históricas de las geografías otras del país.

Estos sentidos de paz enmarcan expectativas de justicia social que llevan a poner en discusión la capacidad económica y política de los Acuerdos firmados y sus acciones de implementación, para suturar los problemas en la distribución y el acceso a derechos de diferentes territorios.

 

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