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domingo, 13 de octubre 2019
13/10/2019
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Objetivo 7

El gobierno universitario está fundamentado en los principios de administración al servicio de la academia, austeridad, transparencia, convivencia y tranquilidad en el espacio universitario. Debe buscar la inclusión de múltiples voces, prever el efecto de sus decisiones en materia de equidad en el acceso a la educación superior y evitar a toda costa imponer un único marco de referencia y de acción que opaque el pluralismo que enriquece la vida universitaria.

La política en la Universidad se eleva a su máxima expresión; está presente en la deliberación argumentada de las diferentes posiciones sobre el quehacer de la Institución, en la movilización de sus estamentos en defensa de los bienes públicos, en la participación de estudiantes y profesores en los distintos órganos de gobierno, en la propuesta de políticas públicas derivadas de los resultados de investigaciones y en la apertura de espacios para el análisis de los problemas del país.

La implementación formal de prácticas de buen gobierno universitario en los centros de educación superior y en la Universidad de Antioquia, tiene unos retos especiales que se desprenden de una característica esencial consistente en la participación de personas que se congregan en torno a intereses misionales comunes relacionados con el conocimiento, sus formas de generación y transferencia, y las demás acciones académicas que de allí se desprenden.

Son los estamentos universitarios  a los que se les reconoce una autoridad fundamentada en el conocimiento y el saber,  se caracterizan por una actitud y comportamiento orientados a la crítica, son quienes esperan que los directivos hagan el mejor uso de los recursos con austeridad y transparencia, orienten los procesos Institucionales para cumplir con sus expectativas y esperan a la vez incidir sobre la forma de hacerlo.

Se asume el reto de emprender reformas para modernizar la organización académico administrativa. No se puede ser líder intelectual del desarrollo si no se cuenta con una institución moderna, flexible, y descentralizada. El reto es potenciar la racionalidad en el gasto sin sacrificar los objetivos institucionales, mejorar la convivencia universitaria, la gestión de recursos y la transparencia en su ejecución. Soltar las amarras para emprender reformas que impacten verdaderamente la misión de la Universidad.

Un elemento esencial y recurrente en la vida universitaria es la discusión sobre el significado de democracia y de autonomía universitarias. La autonomía no puede confundirse con independencia absoluta del ordenamiento jurídico. Por el contrario, la autonomía es la capacidad de autocontrol, de autorregulación, dentro de un marco institucional y jurídico que no puede transgredir los acuerdos y consensos que se han construido colectivamente y que se plasman en las normas universitarias. Una cosa es criticar las normas y, con fundamento en ellas, reformarlas para adecuarlas a los cambios; otra cosa es transgredirlas para obtener beneficios individuales o grupales por fuera del consenso colectivo. Es lo primero lo que debe orientar la labor universitaria.

El espíritu de cambio en materia de buen gobierno debe contribuir a la agilidad de las dinámicas institucionales, a facilitar las relaciones con los actores externos, a redefinir la estructuración de organismos de dirección universitaria en función de méritos académicos y a facilitar el cumplimiento de las actividades misionales. Adelantaremos los ajustes y revisiones a la normativa para el funcionamiento adecuado y eficaz de la Universidad. La actualización normativa debe estar en consonancia con las nuevas realidades sociales, culturales, económicas y políticas y con las tendencias internacionales en la organización académica y administrativa de las universidades. 

Se priorizará la revisión del Estatuto General, el Estatuto Profesoral, el Estatuto del Profesor de Cátedra y Ocasional, el Reglamento Estudiantil de Pregrado y el Estatuto de Contratación. Estas reformas deben considerar aspectos puntuales como la forma de elección del Rector, el régimen disciplinario de los docentes, estudiantes y empleados administrativos, la forma de vinculación de los docentes de carrera, ocasionales y de cátedra; los incentivos a las actividades de docencia, investigación y extensión y el plan de trabajo docente.

La Universidad requiere unas formas de relación administrativas ágiles, útiles, versátiles, flexibles, normativamente claras e imbuidas por los propósitos del plan. Que cada acción permita que el plan avance, se enriquezca y responda a las aspiraciones de la visión colectiva.  En nuestro medio la sofisticación a ultranza de modelos administrativos ha supuesto una trama de procesos y funciones que en lugar de darle claridad a la academia, la han atrapado en procesos opacos y muchas veces inoficiosos. Importar modelos de administración que no atiendan a la razón de ser de la academia impone lenguajes artificiosos, procedimientos pesados y tortuosos, acciones cargadas de etapas y requisitos.

El gobierno universitario se propone devolver un estilo de administración fluido en el que las personas tengan una comprensión cabal de lo que espera la universidad, aquello que se propone y requiere. El lema “una administración al servicio de la academia” tiene más vigencia que nunca. La palabra servicio nos gusta en la Universidad, una comunidad en la que todos nos servimos unos a otros y todos servimos al cultivo del conocimiento, derecho ciudadano inalienable. 

Contribuirá a este propósito el fortalecimiento del sistema de comunicación institucional a partir de una metodología orientada a la comunicación por procesos, sin necesidad de crear nuevos cargos. Lo que se propone es articular el recurso humano y los medios de comunicación disponibles en las distintas dependencias para crear sinergias y garantizar una comunicación efectiva entre los actores de la Universidad.

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