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domingo, 13 de octubre 2019
13/10/2019
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Los cimientos de una escuela de educación para la paz en Ituango

 

Video Experiencial

 

Artículos que dan cuenta del proceso:

 

La formación de educadores rurales para la paz.
Un aporte universitario a la construcción de paz en Ituango

Por Deicy Hurtado Galeano, profesora del Instituto de Estudios Políticos

 

Desde 2014 el Instituto de Estudios Políticos viene replanteando su agenda de investigación, bajo la convicción de que la negociación entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC–EP), ha desatado un proceso político en el que la guerra ha empezado a dejar “[...] de ser el telón de fondo o el factor más relevante en la interpretación y explicación de los fenómenos, hechos o procesos sociales y políticos en Colombia”;  mientras que “las fuerzas sociales, los actores y las dinámicas subnacionales y transnacionales” que han presionado por la paz y la democratización del país están adquiriendo cada vez mayor relevancia. Proceso y un contexto que llevó al Instituto a orientar su  pregunta central de investigación en el siguiente sentido: “¿Cómo se reconfiguran la ciudadanía, la democracia y el Estado en Colombia, en un contexto global, y en un territorio en el cual no hay o ha disminuido sustancialmente el conflicto armado interno?”[1]

  

Bajo este paraguas construido conjuntamente por los profesores e investigadores del Instituto, el grupo Estudios Políticos ha acogido en su seno el “[...] compromiso de promover investigación pertinente sobre  los procesos de transición política, democratización y construcción de paz”[2] como la senda política en la que se ha embarcado el país en los años recientes; por supuesto, tratando de verlos en esa interacción de escalas territoriales que involucra simultáneamente lo local, lo nacional, lo regional y lo global. Este es el marco general en el que se inscribe el proyecto Educadores rurales comunitarios: co-construcción de herramientas pedagógicas, políticas y de memoria. Financiado por la Vicerrectoría de Extensión y el Instituto de Estudios Políticos en alianza con la Asamblea Cívica La Paz es Ituanguina y el Semillero de Estudios Políticos Rurales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.[3]

Se trata de un proyecto que le ha permitido a la línea Ciudadanías, Culturas Políticas y Subjetividades materializar su propósito construir conocimiento e incidir en esta coyuntura de transición política: comprender las dinámicas de construcción de paz en territorios locales donde se han instalado zonas veredales de normalización y transición, y a partir de ello fortalecer los aprendizajes políticos de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, así como la construcción de una esfera pública local que le abra espacio a la construcción de paz y a la democratización política de los territorios históricamente afectados por la guerra y la desposesión de derechos ciudadanos.

Una tarea que ha sido posible porque —también desde 2014— líderes de Ituango comprometidos con la paz vieron la necesidad de que la universidad pública los acompañara en su intención de comprender las complejidades del proceso político que se había desatado desde que inició la fase pública de los diálogos en la Habana e intuían desde entonces que trastocaría la dinámica local; para ello veían necesario contar con herramientas de pedagogía política que potenciaran su capacidad de agencia y de incidencia en la construcción local de paz que, además del cese al fuego, llevara a Ituango a trasegar la senda de la equidad y la justicia social.

Los artículos que se presentan a continuación hacen parte de un ejercicio emprendido por los integrantes del equipo de trabajo que se han dado a la tarea de elaborar reflexiones que permitan mostrar los avatares del proceso político en Ituango alrededor de la construcción de la paz, de tal manera que tanto la comunidad ituanguina como la universitaria puedan construir una opinión pública cualificada sobre lo que en estos entornos sucede, y sobre el papel de la universidad pública en esta transición política.

 

 

 

[1] IEP.  Programa básico de investigación, marzo de 2015.

[2] Grupo Estudios Políticos. Estrategia de sostenibilidad, 2016-2018. Código BUPP  ES84160132.

[3] Código SIIU 2017-14766.

 

 

Concepciones ituanguinas de la paz: sentidos y sentires contextualizados sobre el posconflicto  

Por Diana Carolina Giraldo Giraldo

 

La palabra PAZ para los habitantes ituanguinos evoca cuestiones como: progreso, unión, igualdad, sueños, tranquilidad, educación, ciudadanía, garantías, equilibrio, respeto, confianza, incertidumbre y esperanza (Foro Hablemos de Transición, abril 29 de 2017). Se trata de una concepción que enmarca a la justicia y al bienestar como valores éticos y morales de la política en los territorios;  por tanto, una noción que trasciende la implementación de los Acuerdos como mero cumplimiento de una firma entre partes para superar un estado de guerra, y plasma una aspiración democrática de la comunidad política local.

Actores locales organizados como la “Asamblea Cívica la Paz es Ituanguina” (ACPI) han planteado que la paz es una construcción colectiva comunitaria, un proyecto de cultura que relieva la autonomía de la sociedad civil, sus necesidades y garantías de reconocimiento. En su definición del territorio, sinónimo de tierra y campo, emerge como núcleo articulador de lo que significa hacer, sentir o practicar la paz; de esta manera su noción de paz suscribe una dimensión espacial ligada a las veredas y a los corregimientos, y una dimensión sociopolítica crítica que reclama el lugar, el derecho y las voces de los excluidos, fundamentalmente de los campesinos.

Esa “paz rural” es visualizada por estas personas como defensa y acceso a derechos sociales, económicos y ambientales básicos, siendo la organización del campo y el agro el fundamento en el que sustentan su ciudadanía y su pertenencia. Reconocimiento de los rasgos culturales propios, respeto con la naturaleza, diversificación de los modos de producción, fortalecimiento de la comercialización, capacitación de los líderes comunales y creación de cooperativas, son algunas de las acciones que la comunidad visualiza para la materialización y la práctica de la paz (ACPI, 2017).

En los ejercicios descentralizados desarrollados en 2015 por la Asamblea en las veredas de Santa Rita, Santa Lucía, La Granja, El Aro y El Cedral, fueron esbozadas cuatro dimensiones en las que las comunidades desagregaron sus comprensiones y cosmovisiones sobre la paz: 1. Institucionalidad local para la implementación; 2. Espacios de participación ciudadana; 3. Implementación de programas de reintegración; 4. Reconstrucción del tejido social. En torno a la institucionalidad nombran “la presencia del Estado” con infraestructura vial y de servicios públicos para la realización de los derechos fundamentales en educación, salud. También hacen alusión a “la construcción de espacios y relaciones de confianza” con la administración municipal y con los actores gubernamentales; ligado a ello plantean que se requieren “herramientas de educación” para (re) conocer el rol del Estado por fuerza de su función militar.

La participación ciudadana para la paz la visualizan a través de las Juntas de Acción Comunal, mismas que requieren “procesos formativos para recuperar su legitimidad, dinamismo y autonomía”, con fundamentos anclados en liderazgos críticos, colaborativos, articuladores y horizontales. Consideran también como elemento fundamental la educación en acciones de control público y veedurías  a los proyectos desarrollados en las comunidades, a sus resultados y recursos invertidos.

Respecto a la reintegración visualizan el involucramiento de los excombatientes –varios de ellos familiares– a la vida civil de sus comunidades, con programas especiales que formen en “herramientas para reconocer a esta población en su dimensión ciudadana, resolver conflictos, manejar el autoritarismo y establecer normas de convivencia o consenso”. En lo correspondiente al tejido social conciben la paz como un escenario que reconstruye memorias de las heridas de la guerra, de las víctimas y los territorios despojados y que redime solidaridades sociales censuradas.

“Ante el panorama de una comunidad que dejó de interesarse por cualquier cosa que no signifique un cheque, es necesario encaminar esfuerzos hacia recuperar el interés, hacia generar reconciliaciones con el espacio, con la vida, con los vecinos, es necesario pensar nuevas formas de habitar los espacios y el territorio, estas formas tienen que dar cuenta de la historia, tienen que dar cuenta de los usos y tienen que dar cuenta de los dolores” (Ejercicios Descentralizados, Corregimiento La Granja).

Algunas propuestas de paz nombradas por los ituanguinos tienen que ver con la creación de comités veredales de paz y convivencia, la reconstrucción de la memoria histórica de la guerra, con campañas de desestigmatización de la población o acciones de consulta previa y promoción de las veedurías, entre otras. Esta paz ituanguina expresa, pues, una noción multidimensional, articulada fundamentalmente en torno a la ruralidad, el reconocimiento sociocultural y el ejercicio democrático de lo político; una paz rural y política que se manifiesta como perspectiva de nación y postula agendas sociales que reparen las pobrezas históricas de sus geografías.

 

Las expectativas con la paz

Por Adrián Restrepo Parra, profesor Instituto de Estudios Políticos

 

En Ituango la Asamblea Cívica por la Paz realizó un evento público[1] para conocer y difundir el estado actual de la implementación del Acuerdo de paz, especialmente porque en este territorio está una de las zonas de concentración guerrillera de las establecidas en Antioquia. Esta experiencia llama la atención por el interés manifiesto de la población afectada por el conflicto de participar en la construcción de paz territorialmente. Hacen parte de un sector de ciudadanos que vienen participando en eventos y jornadas nacionales de seguimiento a la implementación del Acuerdo de paz.

 

Un certamen como este resulta, según los organizadores, importante porque propicia la participación de la sociedad civil en la transición. Perciben el Acuerdo como una oportunidad de democratización de la esfera pública fortaleciendo la misma sociedad civil, el desarrollo y la justicia en territorios históricamente invisibilizados, al margen del acceso a derechos. Participación enfática en la necesidad de comprender localmente el Acuerdo y dotar así de sentido la llamada paz territorial.

 

Las intervenciones de los asistentes al evento contribuyeron a plasmar la situación de la naciente implementación del Acuerdo y las expectativas de sus alcances. El estado naciente del proceso pasa por una zona de concentración de la guerrilla todavía inconclusa y por el incipiente aparataje institucional para ejecutar proyectos concretos en el marco de lo pactado. Este punto de partida, donde la prioridad por obvias razones son más las FARC que la población, contrasta con las expectativas de los representantes de la sociedad civil. Por ejemplo, algunos de ellos plantearon que el gran objetivo es que los campesinos tengan tierra y forma de hacerla productiva en términos de un desarrollo equitativo. Igualmente, el propósito de inclusión de la diversidad de voces y posiciones, la transformación del sistema electoral y el fortalecimiento de las organizaciones sociales.

  

Estos propósitos vienen acompañados por la preocupación generada en la población porque consideran que la violencia está encontrando nuevas formas de subsistir y reconfigurarse con la presencia de actores dispuestos a disputarse el territorio, debilitando así las posibilidades de tranquilidad de la comunidad. En palabras de uno de los participantes: “hay una inquietud de toda la comunidad relacionada con la seguridad, de cómo se va a blindar al municipio para que con la salida de las FARC no surjan otro grupos o bandas e intenten tomar el territorio, y se forme otra clase de violencia que puede ser peor que la que estamos terminando”.

 

El nivel de las expectativas expuestas por el público fue motivo para que al respecto una asistente interviniera en estos términos “las expectativas con el proceso de paz están inflando las esperanzas de desarrollo y comprometiendo al Estado a hacer presencia en todos los rincones del país. Los ciudadanos esperamos que el Estado mediante el Acuerdo salde las deudas sociales acumuladas, lo cual puede ser perjudicial al proceso de paz mismo y al país porque lo sobredimensiona en expectativas y alcances que pueden verse frustradas”. Resultado de esa frustración sería dejar de percibir los logros cosechados por cuenta del Acuerdo, como la drástica disminución de las acciones violentas entre guerrilla y Estado con sus saldos de víctimas, entre ellas la población civil.

 

El Acuerdo de paz reconoce la injusticia social como uno de los motivantes de la guerra. Así, desarrollo y violencia política tienen vidas en común. Los problemas del desarrollo justificarían las acciones de la guerra. En el Acuerdo los puntos sobre desarrollo agrario y sustitución de cultivos ilícitos recogen esta perspectiva. La paz podría ser así entendida como renunciar a la guerra por bienestar, calidad de vida especialmente para los habitantes del campo, la mayoría víctima de la confrontación. Sin embargo, este cruce entre violencia política y desarrollo manifiesta sus retos a la hora de concretar su implementación en términos tangibles del Acuerdo de paz. Por ejemplo, en territorios empobrecidos como Ituango y otros de similares características en el país: ¿el Acuerdo de paz debería acabar con la pobreza? ¿El Acuerdo de paz debería ser el eje político de la política en el país y en los territorios? ¿La política y el desarrollo se reducen al Acuerdo de paz?

 

Las inquietudes y la discusión suscitada por el evento realizado por la Asamblea Cívica contribuyen a la construcción de paz porque permite que los ciudadanos debatan públicamente problemas como el desarrollo y la pobreza que afectan la vida de las poblaciones. Problemáticas que han sido negadas o desplazadas históricamente por la omnipresente presencia de la guerra en la agenda política y social de Colombia. Participación necesaria, más allá de la firma del Acuerdo, porque éste aspira a cerrar la confrontación militar, pero el conflicto político continúa por medios que se esperan sean diferentes a la violencia, como es la participación ciudadana.

 

 

[1] Se trató del Foro: “Pedagogía en la construcción de Paz e implementación del Acuerdo Final. Hablemos de transición, Caso Ituango-Antioquia”, realizada el 29 de abril de 2017 en la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, Municipio de Ituango. Contó con el apoyo del delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y Plataforma de Seguimiento Político en Antioquia (Sepa).

 

 

 

 

Una reunión con líderes rurales ituanguinos…

Con miles de aprendizajes de paz

 

Deicy Hurtado Galeano, profesora del Instituto de Estudios Políticos

 

 

 

El pasado 1º de julio sostuvimos una reunión[1] a la que asistieron habitantes y líderes veredales de Ituango (miembros de juntas de acción comunal, maestros de las escuelas rurales, participantes de las asociaciones de víctimas, de desplazados, de mujeres y de campesinos), y con ellos estuvieron también miembros de las FARC-EP asentados en la Zona Veredal de Transición y Normalización (ZVTN) de Santa Lucía (el equipo de pedagogía de paz, la integrante del mecanismo tripartito y el equipo de comunicaciones).

En esta reunión hablamos de los acuerdos de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, de víctimas y memoria, de tierras, territorio y conflictos agrarios, así como de participación social y política; muy especialmente se habló del papel que en esta coyuntura política tiene y tendrá la sociedad civil y las organizaciones sociales que la conforman, sobre todo en aquellos territorios en los que se han instalado las ZVTN, y que muy pronto mutarán a espacios de reintegración, en los que miembros de esta guerrilla y habitantes de los municipios podrán participar en procesos de formación y capacitación, podrán poner en interacción sus temores, sus experiencias y discutir proyectos comunes de futuro.

Pues bien, esta reunión ha sido uno de esos pocos espacios —tal vez el primero— en que habitantes de  veredas distintas a Santa Lucía y miembros de las FARC han podido jugar, hablar, escucharse, lamentarse, pero también ofrecerse argumentos y razones sobre lo que les está sucediendo como personas y como colectivos en esta fase de implementación de los acuerdos de paz. Si bien la llegada de los delegados de la ZVTN en camionetas, con esquemas de seguridad y cámaras generó una tensión inicial, tomar la vocería para presentarse, para decir de dónde vienen y, sobre todo, pedir autorización a los asistentes para registrar el evento, fue un acto de humildad que muy rápidamente les permitió reconocerse en aquello que también los define como identidad compartida: ser campesinos y sujetos con capacidades de liderazgo.

Una situación merece especial atención a quien escribe esta nota: algunos líderes veredales expresaron las dificultades que han experimentado este año para convocar a los habitantes de sus territorios a participar en reuniones y en sus tradicionales convites, en contraste con lo que pudimos ver en esta oportunidad, pues como uno de ellos lo dijo: “[…] Es que cuando estaban las FARC todo el mundo asistía a estas actividades”. Ante expresiones como esta, lo más fácil tal vez sea decir: ¡vio, es que la guerrilla había copado y cooptado a las JAC! O si  nos paramos en otra orilla habrá quienes digan: ¡si ve que la guerrilla tenía base social y organizaba el trabajo solidario en el campo!

Quienes estamos interesados en promover procesos de pedagogía política para la paz no podemos conformarnos con ninguna de las dos posturas arriba enunciadas, tal vez tengamos que hacernos algunas preguntas antes de aventurarnos a emitir juicios y sentencias que poco contribuyen al fortalecimiento de la comunidad política en estas localidades en transición a la paz. Aquí propongo algunas:

  • ¿Qué aprendizajes políticos dejaron instaladas las FARC en las organizaciones sociales existentes en los territorios ituanguinos donde tuvieron influencia por más de treinta años?
  • ¿Qué aprendizajes y capacidades políticas autónomas es posible reconocer en las comunidades que les permita sostener convocatorias y la articulación y acción en pro de resolver problemas comunes, aún en las condiciones adversas de todo tipo?
  • ¿Qué transformaciones de la cultura política deben experimentar los pobladores, líderes de las veredas, los corregimientos y del municipio, así como sus gobernantes. para que hablar de los problemas comunes y trazar planes de acción para el futuro compartido se constituya en prácticas más democráticas y menos autoritarias?

Urge construir entre los ituanguinos una esfera pública local que, empezando por las veredas y los vecindarios, hasta llegar a ámbitos regionales y nacionales, permita comprender que el poder no puede seguir basándose en la violencia, ni en las armas, ni en las órdenes; sino que el poder está en las palabras que cada uno tiene para decirle a otros —¡Y vaya que si tienen palabras los ituanguinos!—, en la capacidad que cada uno tenga para oír al otro, para que sus posturas personales puedan ser interpeladas, para entender que en el ejercicio de escucharse mutuamente se pueden concertar acciones para el bien común, sin renunciar a sus diferencias, sin declinar la autonomía, sin perder la libertad. Una lección local que tendría que ser generalizada entre todos los colombianos.

 


[1] Se trata del primer taller de presentación del proyecto aprobado por el BUPPE que tenía como objetivo recordar los alcances de la propuesta y la concertar la agenda para el desarrollo de los talleres en cada uno de los territorios veredales en que se realizará. Versiones preliminares del proyecto fueron construidas con la participación de líderes de Ituango y los ajustes finales se hicieron en un encuentro realizado el 6 de noviembre de 2016 entre el equipo del Instituto y miembros de diferentes organizaciones del Municipio.

 

 

Video experiencial 2018

 

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